Este miércoles 21 de enero, culmina en Perú el paro nacional de 72 horas convocado por los trabajadores de Petroperú, una medida de fuerza que paralizó puntos estratégicos del país en rechazo al Decreto de Urgencia 010-2025, normativa que plantea la privatización de la petrolera estatal. El Ministerio de Economía ha anunciado que este proceso podría concretarse en un plazo de 60 días.

La movilización social surgió ante la advertencia sobre las consecuencias de desmantelar la empresa: el posible despido de 1.500 trabajadores, el encarecimiento de combustibles y la venta de la Refinería de Talara, considerada una de las más modernas de Latinoamérica y cuyo costo de inversión oscila entre los 5.000 millones de dólares. Para los manifestantes, esta medida representa una pérdida de la soberanía energética nacional.

LEA TAMBIÉN:

Trabajadores rechazan «privatización encubierta» de Petroperú

Para el sociólogo Gabriel Cabrera, este escenario no es un hecho aislado, sino el resultado de una crisis de legitimidad que arrastra el Ejecutivo desde hace tres años. Cabrera sostiene que la Administración de José Gerí actúa como un Gobierno de facto que busca acelerar reformas estructurales a favor de grupos de poder antes del próximo cambio de mando.

“Estamos ante una coalición que utiliza figuras interinas para ejecutar medidas impopulares y estratégicas que favorecen a capitales privados y poderes fácticos, aprovechando la debilidad institucional”, señaló Cabrera.

Ofensiva legislativa: vacancia, censura e inconstitucionalidad

En el Parlamento, la respuesta contra el Ejecutivo se ha intensificado mediante una estrategia de tres frentes que busca frenar el proceso de privatización y sancionar a los responsables políticos, una de ellas es la moción de vacancia, impulsada tras revelarse reuniones clandestinas entre el mandatario y empresarios chinos, presuntamente vinculadas a actos de corrupción.

Adicionalmente, promueven una moción de censura dirigida contra la ministra de Economía, Denisse Miralles, por el tema de la privatización. Por otra parte, se han presentado al menos 15 proyectos de ley que buscan declarar la inconstitucionalidad del decreto 010-2025.

ANÁLISIS | En #Perú trabajadores de #Petroperú se alzan contra la privatización encubierta. Exigen derogar decreto que busca rematar la petrolera y amenaza la soberanía energética nacional.

Analizamos con el sociólogo Gabriel Cabrera. pic.twitter.com/UPziq4Xu2s

— teleSUR TV (@teleSURtv) January 21, 2026

Pese a que la Fiscalía de la Nación ha iniciado investigaciones, Cabrera advierte sobre una posible falta de independencia judicial debido al control que ejerce la coalición gobernante sobre las instituciones autónomas.

Según el análisis, la estrategia legislativa se centraría en remover a Jerí de la mesa directiva para despojarlo de su inmunidad y permitir un proceso judicial más flexible ante las graves denuncias en su contra, que incluyen enriquecimiento ilícito.

El fin de la jornada de protesta marca el inicio de una etapa de espera donde la estabilidad económica y energética de Perú depende de la resolución de este conflicto entre el Ejecutivo, el Legislativo y la presión popular en las calles.

EN ESTA NOTA: